Doscientos litros por segundo
Dos desalinizadoras llegarán a la provincia de Elqui con un año de diferencia. La privada no dice a quién le venderá el agua, y la del Estado dejó al menos 200 litros por segundo libres para ese mismo mercado. Ninguna de las dos menciona a la otra.
La Región de Coquimbo lleva una década y media de sequía, y la conurbación de La Serena y Coquimbo, donde viven más de medio millón de personas, todavía no tiene una sola desadesalinizadora que produzca agua para consumo humano. Hoy hay dos proyectos grandes en camino para cambiar eso. A uno lo impulsa el Estado y al otro un grupo privado, están en extremos opuestos de la conurbación y avanzan por trámites distintos, cada uno con su propio expediente. Para entender por qué conviene leerlos juntos, hay que empezar por abrir el del privado.
Un estudio de impacto ambiental se lee como se leían antiguamente las guías de teléfono, es decir, buscando un nombre. El estudio de la Desaladora Multipropósito La Serena dedica un capítulo de 236 páginas solo a describir el proyecto, y ahí está casi todo. El titular proyecta levantar la planta en Punta Porotos, 18 kilómetros al norte de La Serena, con una inversión de US$370 millones, para producir a plena capacidad 2.000 litros por segundo de agua dulce. Para eso declara una demanda de 40,2 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional, porque desalar es en buena medida el oficio de convertir electricidad en agua. Las obras están previstas entre 2028 y 2030, y la primera fase, de 500 litros por segundo, en 2031. El estudio tiene tablas de transformadores, trazados de tuberías y hasta un plan para ahuyentar a los chungungos mientras dure la construcción..
Lo que uno busca y no encuentra es a quién le van a vender el agua. Entonces hice el ejercicio habitual. Vuelvo al índice, pruebo con el buscador del PDF, reviso los anexos del capítulo. Lo más cerca que llegué es a la justificación de la ubicación, que describe un lugar estratégico para "diversos rubros económicos (agrícolas, industriales y mineros)". Clientes con nombre, ninguno.
Puede que sea lo normal, porque nadie firma un contrato por el agua de una planta que todavía no tiene permiso. La pregunta se pone interesante cuando uno mira hacia el sur.
En el otro extremo de la conurbación, en la ensenada de Panul, el Estado ya eligió su desalinizadora. El Decreto Supremo 15, publicado en abril en el Diario Oficial, adjudicó a Sacyr Agua una concesión de US$318 millones para 800 litros por segundo, ampliables a 1.200. El decreto reparte esa agua con la prolijidad de un testamento. Cuatrocientos litros quedan reservados para consumo humano, de entrega exclusiva a la sanitaria. Otros doscientos tienen prioridad para ella, pero lo que no pida se puede vender para fines multipropósito. Los últimos doscientos quedan a libre disposición de la concesionaria para ese mismo uso. La planta del Estado también va a salir a ofrecerles agua a los agricultores, industrias y mineras que la planta privada nombra en plural y sin apellido.
A Panul le falta un detalle, que es el permiso ambiental. El SEA autorizó por segunda vez suspender su evaluación, ahora hasta el 30 de junio de 2027, para que el MOP termine estudios marinos y arqueológicos. La concesión está adjudicada, pero la obra de producción no puede partir sin esa resolución. Aun así, la meta oficial sigue siendo operar en 2030. En desalación los calendarios tienden al optimismo. Cuando Aguas Pacífico construía en la bahía de Quintero la primera desaladora multipropósito del país, su director de sustentabilidad calculaba que un proyecto de este tipo no se materializa en menos de ocho años. Si los plazos de Elqui se cumplen, las dos plantas llegarán a la misma provincia con un año de diferencia, buscando a los mismos compradores.
Hay además una variable que ningún expediente controla. En julio, un solo temporal casi triplicó el agua de los embalses de la región, aunque Elqui quedó apenas en 15,9%, y CEAZA anunciaba un El Niño con potencial de ser fuerte hacia fin de año. Nadie sensato apuesta a que eso termine con la sequía. Pero basta con algunos años lluviosos para que el agricultor vuelva al río y el agua desalada, que es cara, se quede esperando comprador. Panul tiene asegurado un pago por disponibilidad por su agua potable, llueva o no. Punta Porotos no tiene nada parecido. Las dos plantas nacieron de quince años de sequía, que es como Chile suele decidir su infraestructura, con la emergencia anterior como plano.
El capítulo que describe Punta Porotos no menciona a Panul, y el estudio de Panul se presentó antes de que la planta privada existiera. Nadie hizo nada mal. El SEIA mide los impactos ambientales de cada proyecto, y quién compra el agua queda fuera de su mandato. El contrato de concesión, por su parte, cuida su propia demanda. La pregunta de quién va a comprar el agua multipropósito de Elqui, y a qué precio cuando el Estado también vende, cae en el hueco entre dos ventanillas, ese lugar de las oficinas públicas donde uno termina cuando cada funcionario le dice que eso lo ve el de al lado.
Ese hueco es el que nos interesa. Fierreros parte de una convicción un poco obsesiva, la de que buena parte de lo que importa sobre la infraestructura de Chile ya está publicado, repartido en expedientes que nadie lee juntos. Basta ponerlos uno al lado del otro, con paciencia y un buscador de PDF, para que aparezcan preguntas como esta. Por eso cada dato que publiquemos va a llevar el enlace al documento del que sale, para que cualquiera pueda hacer la suma con nosotros o corregirla.
La participación ciudadana de Punta Porotos sigue abierta en el SEA. La evaluación de Panul está suspendida hasta el 30 de junio de 2027, salvo que el MOP pida una tercera prórroga. Ese día vamos a volver a abrir los dos expedientes, a ver si alguno ya trae el nombre.
